S5. Actividad 2. Análisis y abstracción de información

La Eficiencia de la Gestión Pública

Antecedentes del tema:

La Eficiencia de la Gestión Pública En los últimos años, México ha adoptado una amplia serie de reformas para hacer más eficiente la administración pública y aumentar el impacto de las políticas gubernamentales. Entre esas reformas están una mayor responsabilidad fiscal y transparencia en el proceso presupuestario; mejores mecanismos de adquisiciones; una gestión más adecuada de los recursos humanos; y medidas para evitar la corrupción. Si bien muchas de estas reformas ya están vigentes, es necesario un respaldo político fuerte y congruente para que la legislación se ponga en práctica, genere ahorros reales y aumente la productividad. Continuar con las mejoras al proceso presupuestario Para que México tenga finanzas públicas sostenibles en el largo plazo, su presupuesto debe ser menos dependiente de los ingresos petroleros y responder mejor al crecimiento económico sostenido (véase el capítulo “Reforma Fiscal para el Desarrollo y la Equidad”). Además, debe fortalecer la eficiencia y la efectividad del gasto público, así como la rendición de cuentas en el nivel subnacional. El país necesita adoptar un enfoque presupuestal de más largo plazo, multianual, el cual adapte el gasto y el financiamiento a los planes y metas que el gobierno tiene para los distintos sectores; al mismo tiempo, debe estar mejor preparado ante eventualidades como la baja de los ingresos por ventas de petróleo y los cambios demográficos. Por otro lado, México debe tomar medidas para que las decisiones presupuestales estén mejor vinculadas con el desempeño. Esto requiere incentivos y estructuras regulatorias más fuertes, que faciliten la racionalización de los recursos y den mayor flexibilidad a la ejecución y la gestión presupuestales. El Congreso debe participar cada vez más en este proceso, y se debe alentar a los legisladores a tomar más en cuenta los informes de resultados y las evaluaciones presentados por el ejecutivo, tanto para dar seguimiento al desempeño de las secretarías y otras dependencias como para fines del debate presupuestario. En el proceso de aprobación presupuestal, el Congreso puede apoyarse en: i) la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que audita las cuentas públicas y presenta al Congreso los informes especiales correspondientes (disponibles públicamente en Internet), y ii) el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), creado por el Congreso en 1988, anticipándose a muchos otros países de la OCDE, para suministrar análisis objetivos e imparciales de asuntos relacionados con las finanzas públicas. Así, México sigue la tendencia general de los países de la OCDE hacia el fortalecimiento de la capacidad de sus legisladores para participar activamente en los procesos presupuestarios. Otra medida benéfica sería descontinuar la práctica de destinar partidas de gasto específicas (en ocasiones ligadas a distritos electorales en lo particular) en el debate parlamentario del presupuesto y que la atención de los legisladores se centre más bien en los objetivos clave de sostenibilidad, equidad y eficiencia.

Bases Teóricas:

Recomendaciones clave de la OCDE g Diseñar un proceso presupuestario multianual, el cual se centre en el desempeño y la eficacia del gasto y en los resultados del sector público. g Fomentar la eficiencia del gobierno, profesionalizando el servicio público, tomando medidas para mejorar la calidad del gasto y ampliando las iniciativas de transparencia y de gobierno abierto. g Garantizar un gasto más estratégico a través de mejores mecanismos de adquisiciones públicas, apoyándose en la planeación, la recopilación de datos con fines de evaluación y una fuerza laboral especializada en cada una de las instituciones públicas. g Medir la satisfacción de los ciudadanos con las herramientas existentes de gobierno electrónico para impulsar un gobierno abierto, a fin de alinear mejor la oferta y la demanda y explorar las opciones para crear servicios compartidos entre distintos órdenes de gobierno.

En mi opinión el sector público mexicano debe fortalecer significativamente la gestión de sus recursos humanos para mejorar el diseño de políticas y garantizar que la prestación de servicios públicos sea más eficiente, efectiva y competitiva. El capital humano del sector público debe considerarse estratégico si se quiere reformar la administración pública, haciendo hincapié en el aumento de la productividad y no sólo en la reducción del gasto. La experiencia de los países de la OCDE muestra que una administración pública profesional fomenta el diseño y la implementación adecuados de las políticas públicas, la prestación efectiva de servicios, la rendición de cuentas, la capacidad de respuesta y la transparencia en el uso de los recursos públicos. En este sentido, México debe mantener los esfuerzos a fin de consolidar el Servicio Profesional de Carrera (SPC) como medio para administrar las instituciones públicas con eficacia, atender las secretarías y otras dependencias de manera más eficiente y efectiva y, especialmente, ofrecer resultados a los ciudadanos. El SPC no sólo es un factor decisivo para que en la fuerza laboral pública exista una gestión basada en méritos, sino que también contribuye considerablemente a promover los principios de buen gobierno en el servicio público. Además, el buen gobierno requiere administraciones progresistas que posean una visión estratégica clara. Si el SPC cuenta con un plan de mediano y largo plazos, enviará un mensaje contundente sobre el rumbo que el gobierno seguirá en el futuro y sobre las prioridades que debe atender. Y lo que es más importante: definirá qué tipo de servidores públicos necesitará México, y cuál será su papel en la sociedad.